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Longevidad dispara industria de la salud

TEXCOCO.- (Texcoco Press).- A principios del siglo XX el promedio de vida mundial era de 31 años; hoy es de alrededor de 70. Esto es en gran parte el testamento de un mejor cuidado de la salud. Las vacunas dominaron a la polio y el sarampión, y la viruela fue erradicada.

Sin embargo, esos avances significan que el mundo enfrenta un nuevo desafío en el siglo XXI. Mientras menos gente muere por enfermedades infecciosas, un creciente número de personas vive lo suficiente para desarrollar condiciones crónicas como enfermedades cardiacas, cáncer, diabetes y demencia.

Eso es cierto en países ricos, como Estados Unidos, donde 86 por ciento del gasto en cuidado de salud se dirige a enfermedades no transmisibles, pero los males crónicos representan de 60 por ciento de las muertes en el mundo cada año, tres cuartas partes en los países en desarrollo.

Esta carga aumenta a medida que el desarrollo económico expone a más gente de Asia, África y América Latina a factores como el estilo de vida sedentario y mayor longevidad. El número de personas en el planeta con más de 60 años se duplicó desde 1980; este grupo representará más de uno de cada cinco personas en 2050, según la Organización Mundial de la Salud.

Una creciente cantidad de personas con dinero y con más edad, susceptibles de enfermedades crónicas, puede parecer una receta para el crecimiento de la industria de la salud.

El gasto por cuidados médicos en China se proyecta que crezca 14 por ciento al año entre 2013 y 2017, dice el Economist Intelligence Unit (EIU). Incluso un mercado maduro, como el de EU, probablemente crecerá 4.4 por ciento en el mismo periodo.

Sin embargo, esos costos crecientes son una presión para gobiernos, aseguradoras y pacientes, y plantean dudas sobre la sustentabilidad de los modelos de cuidados de salud actuales.

Desde el racionamiento de medicamentos para el cáncer en Reino Unido hasta el incremento de los gastos en los mismos pacientes de EU, la evidencia de esto es notable en todo el mundo desarrollado. Las presiones de costos no son menos severas en los países en desarrollo.

Kare Schultz, director de Operaciones de Novo Nordisk, el mayor fabricante de insulina del mundo, dice que el aumento de los costos lleva a una convergencia de los sistemas de salud, y todos los países comparten la carga entre gasto público, aseguradoras y financiamiento de los pacientes. “Europa se mueve hacia el sistema de EU y EU se mueve hacia el sistema europeo, y China se ubicará en medio”, dice.

La presión de precios no es nada nuevo en los sistemas de salud pública de Europa de un solo pagador, que desde hace mucho tiempo utiliza su poder de negociación para tener un descuento de entre 30 y 40 por ciento en el precio de los medicamentos en comparación con el mercado fragmentado de EU.

Pero hay señales de que incluso EU se volvió más consciente en los costos desde que el presidente Barack Obama impulsó un acceso más amplio al seguro de salud mediante la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

En China, las duras medidas del gobierno contra los sobornos entre las farmacéuticas, que atrapó a la británica GlaxoSmithKline, en parte fue un reflejo del deseo de Pekín para hacer frente a los costos inflados. De igual manera, está el enfoque agresivo de India para impugnar las patentes de fármacos y aumentar la disponibilidad de los medicamentos genéricos de bajo costo.

El entorno obliga a las farmacéuticas a trabajar más duro para demostrar que sus productos y servicios ofrecen a los pacientes beneficios medibles a un costo asequible. Y se intensifican los esfuerzos para reducir el costo de desarrollo de nuevos medicamentos, que se estiman en 2 mil 560 millones de dólares.

Hay esperanzas de que el surgimiento de la tecnología digital de cuidados de salud y la proliferación de datos de pacientes que la acompaña ayuden a ofrecer soluciones. Las aplicaciones móviles y los sensores tienen el potencial de proporcionar información en tiempo real de la salud de una persona y revelar las tendencias generales de la población, lo que puede aumentar la eficiencia de investigación médica y la atención de salud.

Sin embargo, hay una gran distancia entre lo que promete esta revolución y la realidad de la infraestructura de los cuidados de salud. Pascale Richetta, vicepresidenta para Europa occidental y Canadá de AbbVie, la farmacéutica estadunidense, dice que se gastan demasiados recursos en costosos hospitales que se diseñan para cuidados intensivos, en lugar de crónicos. “Necesitamos alejar el cuidado de los hospitales para llevarlos a las casas y a la comunidad”, dice.

Añade que debe haber mayor enfoque en la prevención de enfermedades y en el diagnóstico temprano, y cita el ejemplo de los centros ambulatorios de España para ofrecer una intervención temprana contra los desórdenes musculoesqueléticos. Se estima que por cada euro que se invierte, se ahorran 11 al reducir los costos de cuidado de largo plazo y el ausentismo laboral.

“Es importante ver el gasto en cuidados de salud no solo como un costo, sino como una inversión. El énfasis debe de ser lograr una buena relación costo/precio de la inversión”, dice Ana Nicholls, especialista en cuidados de salud en la EIU.

Algunos países lo hacen mejor que otros. El índice de resultados y gasto de salud del EIU del año pasado ubicó a Japón y Singapur con mejor desempeño en sus resultados. En contraste, EU solo llegó al lugar 33, por debajo de Líbano y Costa Rica, a pesar de ser el que más gasta por persona de los 166 países del estudio.

El índice resaltó la enorme distancia entre el gasto de 9 mil 126 dólares per cápita de EU y los 96 dólares del último lugar, Sierra Leona, uno de los países más golpeados por el ébola. Este brote es un recordatorio de que los avances médicos en el último siglo no se comparten equitativamente. La esperanza de vida en África cayó desde la década de los 90 debido al sida.

Nuevos medicamentos permiten que personas con VIH tengan esperanza de vida normal, y se apresuraron las pruebas de vacunas y tratamientos prometedores contra el ébola. Hay grandes avances para enfrentar enfermedades crónicas. Pero la ciencia debe demostrar que es la parte fácil en comparación con poder satisfacer la demanda de tratamientos asequibles.

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¿Mercantilización de la salud?

Reproducimos este excelente artículo de la gente de http://www.analítica.com y firmado por Rafael González sobre la mercantilización de la salud en Venezuela, tema muy en boga y altamente preocupante por las implicaciones de fondo que tiene…

El stock de salud de un individuo y de una sociedad, sin duda alguna, constituye un bien “invalorable” en un principio –es decir de existir recursos ilimitados se utilizarán todos para garantizar tan preciado bien como lo es la salud-. Sin embargo, los recursos nunca son infinitos.

 

Para allanar el camino hacia el diseño de una política pública eficiente, se requiere despolitizar la discusión y dejar los prejuicios ideológicos-dogmáticos a un lado. De lo contrario, se podría partir de premisas falsas y se limitará el espectro de alternativas a un campo de soluciones mucho más limitado y errado desde el inicio dada su naturaleza prejuiciada y dogmática.

El stock de salud de un individuo y de una sociedad, sin duda alguna, constituye un bien “invalorable” en un principio –es decir de existir recursos ilimitados se utilizarán todos para garantizar tan preciado bien como lo es la salud-. Sin embargo, los recursos nunca son infinitos.

El nivel de morbilidad de una sociedad o un país depende de muchos factores que no pueden reducirse al nivel de los servicios privados de salud. En este sentido, abordar el tema de la salud en Venezuela bajo la visión miope de sólo ocuparse de los servicios privados de salud, constituirá una política destinada al fracaso, por medio de la cual, posiblemente, los prestadores más eficientes, los prestadores privados de servicios de salud, serán lesionados y desincentivados, agravando el grado de morbilidad de la sociedad, así como el acceso al servicio. Muchos pueden ser los factores de incidencia en la morbilidad de una sociedad: la estructura etaria de la población, la cultura de ejercicios de la población, cultura y costumbres alimenticias, consumo de alcohol y drogas, existencia de vectores de contagio endémicos, frecuencia de uso de los servicios de salud preventiva, nivel de educación de la población, nivel de ingresos de la población, localización y características geográficas del país, etc. Alrededor de muchos de los factores que afectan al nivel de morbilidad de un país, puede diseñarse, basado en el interés público, políticas públicas que coadyuven a resguardar el bien que significa estar saludable.

Sin embargo, prestaremos especial atención a la intención por parte de algunas instancias públicas de regular los proveedores privados de servicios de salud, bajo el justificativo que hasta la fecha han esgrimidos: la salud no puede ser una mercancía.

Dejemos sentado de entrada que no se cuestiona –nadie lo haría- la importancia de la salud como un bien para cada uno de los ciudadanos. Por otra parte, nadie podrá cuestionar el hecho que para proveer servicios de salud se requieren insumos, profesionales, equipos, etc., lo que implican una serie de costos. En este sentido, por más que un Estado imponga gratuidad (precio cero) de los servicios de salud, estos reportan y generan una serie de costos, que alguien tendrá que pagar –los contribuyentes lo que significa financiamiento indirecto por vía fiscal, la renta petrolera lo que significaría financiamiento indirecto vía cuasifiscal, los beneficiarios-pacientes lo que significa financiamiento directo vía tarifaria o los proveedores del servicio lo que requeriría capitalización permanente no sostenible-.

Si bien la salud constituye un bien altamente valorado, así como lo son los servicios de salud por coadyuvar a resguardar este bien, sobran ejemplos de otros bienes y servicios que siendo igualmente importantes para la salud y la vida, son comúnmente transados en los mercados como mercancía. Los alimentos, las medicinas, entre muchos otros, constituyen bienes que coadyuvan a resguardar la salud y la vida, y no dejan de ser transados en los mercados, constituyendo mercancías a las cuales se les corresponde un precio, una tarifa o su equivalente.

Más allá, los servicios de salud, por ejemplo una intervención quirúrgica, constituyen bienes privados, lo que significa que benefician directa y fundamentalmente al paciente. Por el contrario, los vectores de contagios constituyen un mal público y su control constituirá, en su masificación, un bien público. Un bien público es aquel de cuyo disfrute no puede ser excluido ningún ciudadano y que proveer más del mismo, no implica necesariamente mayor dispendio de recursos. Una vez que los recursos públicos son limitados, el Estado debe procurar coadyuvar a la provisión de bienes públicos, porque no existirían incentivos privados para su oferta.

Es así como, los servicios de salud no suelen constituir un bien público sino un bien privado que beneficia exclusivamente al paciente individualmente. Un principio que resultaría lógico ponderar en el diseño de cualquier política pública hacia el sector, porque no sería confiscatorio hacia terceros, es que quien adquiere o consume un bien privado, sea quien lo pague. Acá entramos en una nueva consideración. El precio de un bien o servicio no tiene porque ser necesariamente materia de interés público. Adicionalmente, cuando un demandante paga por un bien o un servicio, significa que la utilidad que le reporta el mismo y por tanto su disponibilidad de pago supera al precio del mismo, de lo contrario no lo adquiriría. En este sentido, el gasto privado en salud no tiene porque necesariamente ser materia de interés público. Lo que si resulta materia de interés público es el gasto público en salud, por el alto costo de oportunidad de los recursos públicos.

En este orden de ideas, el Estado debe preocuparse primeramente por la provisión de aquellos bienes públicos en el sector salud, como el control de vectores de contagios.

Sin embargo, existe un caso excepcional en el cual el Estado podría interesarse en el gasto privado de salud y más precisamente en el precio de los servicios de salud, cuando el nivel de este último sea catastrófico. Un precio de un servicio de salud es catastrófico cuando su nivel termina excluyendo de su acceso a cierto grupo poblacional. Pero incluso en estos casos el precio podría estar principalmente determinado por costos unitarios elevados –no por poder de mercado o ilícitos económicos-, por lo que la preocupación no tendría que ser los costos ni el precio per se, sino cómo financiarlo. Es así como aun en estos casos, la solución de política pública no tiene porque ser la regulación vía control y fijación de baremos.

En los casos en los cuales los precios son catastróficos, la solución apunta a buscar fuentes de inclusión a los servicios de salud o alternativas de financiamiento de los mismos.

Nótese que sería un grupo poblacional y no necesariamente todos los que requieren ser incluidos, por lo que una visión populista de control de baremos podría generar distorsiones generales en la sostenibilidad, calidad y mantenimiento del servicio por un caso de solución parcial o particular.

Ante estos problemas es que la sociedad pacta soluciones de políticas públicas o de diseño del modelo de salud y/o los modelos de financiamiento de los servicios de salud. En Venezuela la Constitución Nacional establece en sus artículos 83, 84 y 85, el derecho a la salud como una obligación del Estado, el cual creará el Sistema Público Nacional de Salud y cuyo financiamiento será obligación de este por medio de vías directas por medio de la cotización a la seguridad social por parte de los trabajadores formales y por vía indirecta por medio de ingresos fiscales. Es así como los proveedores privados de salud constituyen un complemento y nunca protagonistas responsables de proveer, a riesgo y financiamiento propio, sus servicios.

En este orden de ideas, si se pretende que los servicios de salud sean viables y sostenibles, no puede existir gratuidad, ni precios de pérdida y debería imperar el principio regulatorio de corresponsabilidad en la generación de los costos por parte del paciente. El último criterio evitaría problemas de riesgo moral que por lo general atentan contra la sostenibilidad de los servicios de salud.

Ante la ausencia, ineficiencia y carencia en el cumplimiento de las responsabilidades del Estado en proveer salud pública, los proveedores privados de salud se han hecho fundamentales y necesarios.

Aun cuando los servicios de los proveedores públicos de salud constituyen bienes privados, aun cuando sus niveles de precios no tienen por ser considerados catastróficos e incluso en aquellos casos que pudieran ser catastróficos dado que los individuos no poseen ahorros precautelativos; la solución al acceso la han dado los propios agentes económicos privados por medio del perfeccionamiento de pooling risk vía los seguros privados. El aseguramiento ha constituido en Venezuela una solución privada al acceso a los servicios privados de salud. Más allá, muchos venezolanos cotizamos triplemente, al fisco, a la seguridad social y adquiriendo una póliza de seguro. Sin embargo, podría continuar existiendo personas sin poder adquisitivo para adquirir una póliza, en estos casos, la salud pública debería responder. Destacamos que los proveedores públicos de salud, así como el financiamiento privado constituyen mecanismos complementarios a la salud pública, pero en Venezuela se han transformado en lo único que, a los ojos de los ciudadanos, realmente funciona.

La cotización obligatoria al seguro social constituye el mecanismo de pooling risk público, por medio del cual los sanos financian a quienes demanden los servicios de salud. Los prestadores de los servicios de salud no tienen porqué ser públicos. Por medio de un mecanismo de voucher y/o subsidios al consumo, aquellos que requieran de los servicios de salud, podrían asistir a proveedores privados. Lo anterior haría de los proveedores de los servicios de salud unos residual claimants por los recursos o fondos públicos para la salud, imprimiendo eficiencia al sector.

Imponer baremos podría significar una simple transferencia de rentas de las clínicas a las aseguradoras. Las políticas públicas y regulatorias no deberían ser utilizadas para esto porque podría ser evidencia de captura del regulador o el legislador por grupos de interés, poder o económicos.

Resulta insólito que ante el fracaso del actual Gobierno en perfeccionar y consolidar el sistema de salud pública, el mismo pretenda transferir su responsabilidad, imponiendo una especie de obligación de servicio universal tanto a las aseguradoras como a los proveedores privados de los servicios de salud a través de la nueva Ley de la Actividad Aseguradora y por medio de un eventual control vía fijación de los baremos hacia las clínicas privadas.

Economista UCV. Master in Industrial Organization and Markets. Master in Competition and Market Regulation. Especialización en Economía de los Sectores Banca, Energía, Telecomunicaciones, Transporte, Farmacia y Agua. Profesor universitario de las asignaturas Regulación Económica y Regulación de Competencia.

 

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