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¿Qué está pasando en el sector de seguros?

Copiamos y pegamos entrevista a la presidenta de la cámara de aseguradores venezolanos hecha por Victor Salmerón desde el portal Prodavinci. Interesante.

Nicolás Maduro exprimió hasta las últimas horas la facultad de decretar leyes sin la aprobación de la Asamblea Nacional. El 30 de diciembre de 2015, el último día en que podía hacerlo, firmó el decreto que modificó la Ley de la Actividad Aseguradora, introduciendo cambios importantes en un área de negocios que impacta a 13 millones de venezolanos, amparados por distintas pólizas y 390 empresas que incluyen aseguradoras, sociedades de corretaje, compañías de reaseguros constituidas en el país, medicina prepagada y cooperativas.

Alesia Rodríguez Pardo, Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Aseguradores, analiza las consecuencias que puede tener el nuevo texto legal que está vigente desde la publicación del decreto 2.178 en la Gaceta Oficial que circuló el pasado 4 de enero. No duda en señalar que la nueva normativa incrementa los obstáculos para desarrollar la actividad y aumenta la incertidumbre en el sector.

La exposición de motivos de esta nueva Ley presenta argumentos como que la actividad aseguradora ha contribuido directa e indirectamente con el sabotaje económico, que ha formado parte de la estrategia implementada por el Fondo Monetario Internacional para debilitar al Estado y que una prueba de ello es la “incorporación como reivindicación laboral de los seguros de salud privados HCM, provocando el desmantelamiento inducido del Sistema Público Nacional de Salud y el crecimiento sostenido de un sistema de salud privado caracterizado por la insaciabilidad capitalista, el desapego al humanismo y la auténtica mercantilización de la salud”. ¿Usted qué opina?

La actividad aseguradora no es un sustituto de la salud pública: es complementaria a ésta. Qué bueno que los trabajadores tengan mayor protección con pólizas de HCM. El tema de fondo es que la ausencia de un sistema de salud pública que funcione es lo que ha propiciado la migración de los trabajadores del sector público a los seguros privados. Por otro lado, la Ley del Trabajo se aprobó por vía habilitante en 2012. ¿Cómo se puede pensar que nosotros hemos influido en estas decisiones? Además, durante estos años el Estado ha aumentado su presencia en el sector.

La misma exposición de motivos también señala que “El sector asegurador históricamente ha estado al margen de las políticas de cualquier gobierno, siendo un sector que por su metabolismo genera buenos niveles de rentabilidad a cambio de poca inversión como lo demuestra el manejo de casi 11 millones de asegurados en HCM con sólo 10 mil 500 trabajadores”. Asimismo los culpa de inyectar masa monetaria y contribuir al alza de los precios. ¿Emplean poco y generan inflación?

Somos una actividad altamente regulada y nos sentimos muy orgullosos de proteger a 13 millones de venezolanos, cuando tomas en cuenta a titulares y beneficiarios. Hemos trabajado con nuestras plataformas tecnológicas y con personal calificado para atender eficientemente esta demanda, pero habría que añadir que el sector genera empleo indirecto a través de los intermediarios. Y al sumar esa variable hablamos de 18 mil trabajadores. Por otra parte, nosotros no inyectamos masa monetaria: utilizamos el dinero de nuestros asegurados. La actividad aseguradora representa 3,5% del PIB venezolano y somos una de las que tiene más penetración en Latinoamérica.

El Artículo 127 de la nueva Ley señala que si el asegurado acude a un proveedor de servicios sugerido por la compañía de seguros, la cooperativa o la empresa de medicina prepagada será responsable “por el incumplimiento o perjuicio causado por los proveedores”, es decir: clínicas, talleres, médicos, entre otros. ¿Qué consecuencias trae esta norma?

Ciertamente ése es uno de los puntos más polémicos. La realidad es que nosotros no sugerimos: damos alternativas pero el asegurado puede ir a donde considere y se le paga contra reembolso. El incumplimiento o perjuicio como una mala praxis médica no es responsabilidad de las empresas de seguros. Esto es más grave para las empresas de medicinas prepagada, porque funcionan a través de una red de servicios. Esto limita las opciones, coarta la actividad aseguradora y perjudica a los venezolanos.

La ley indica que las compañías que están en la actividad aseguradora necesitan que la Superintendencia les apruebe las tarifas y para ello deben consignar “la estructura de costos elaborada por el proveedor”. ¿Esto va a complicar la operatividad por la cantidad de trámites que supone?

En efecto, para que la Superintendencia de la Actividad Aseguradora te apruebe un producto debes entregarle la estructura de costos de los proveedores. ¿Cómo una compañía de seguros le va a pedir la estructura de costos a una clínica o a un taller? Operativamente es imposible. Este sector no se puede ver a través de un lente similar al de la Ley de Precios Justos. La actividad aseguradora tiene una dinámica compleja. Las empresas realizan estudios para determinar los tipos de riesgo y existen diferencias en las estrategias de negocios. Esto va a afectar la capacidad de acción de las empresas para ofrecer productos que se adapten a las necesidades de la población.

El intento de contener la inflación a través de esta Ley también se pone en evidencia cuando dice, en el Artículo 41, que las empresas no podrán “pagar a los proveedores de insumos o servicios de los contratos de seguro o planes o servicios de salud (…) precios mayores a los ofertados para el público en general”.

Se piensa que una manera de corregir la inflación es que la compañía de seguros no le pueda pagar al proveedor precios mayores a los ofertados para el público en general. ¿Cómo saber cuál es el precio ofertado al público en general y más en este momento? Esto es inviable, es algo que viene de la ley anterior y se demostró que no funciona. Nuestra propuesta es que nos sentemos en una misma mesa los proveedores de salud, las empresas de la actividad aseguradora y el Estado para alcanzar consensos y establecer un catálogo único de intervenciones y rangos de precios que se vayan adecuando de acuerdo con la realidad de la economía.

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La Ley ordena en el Artículo 43 que al momento de solicitar la aprobación de las tarifas las empresas deben entregarle a la Superintendencia unos cuadros donde las primas correspondientes a cada cobertura estén discriminadas por persona, bien o interés asegurado, detallando las sumas aseguradas y los deducibles, si los hubiere”. ¿Otro problema operativo?

Efectivamente. En cada cuadro póliza que se somete a la aprobación de la Superintendencia habría que colocar una larga lista de cosas muy difíciles de separar. Un ejemplo coloquial: una ferretería está asegurada y entonces debo poner en el cuadro de póliza cuánto es la cobertura de los tornillos, martillos, taladros. Es operativamente muy poco funcional.

¿Cuál es la objeción a la norma que indica que las compañías de seguros no podrán negar ni condicionar la cobertura inmediata en casos de emergencia?

Las emergencias las determina el médico, no la compañía de seguros.

También se señala que las aseguradoras no podrán vender las partes automotores y los vehículos que hayan sido calificados como inservibles o no recuperables, según la ley que rige la materia, sin la aprobación de la Superintendencia. ¿Qué opina?

La ley no señala qué significa inservible pero indica que este aspecto ahora lo va a determinar el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT). La indefinición y el hecho de que lo que se pueda hacer con los bienes inservibles esté supeditado a una aprobación genera distorsiones.

En el sector existe preocupación por el poder que ha ganado el regulador con la nueva ley. ¿Puede explicar este aspecto?

El regulador se convierte en un coadministrador de las empresas de seguros, algo que desvirtúa su rol. Esta nueva ley se traduce en que las empresas, en forma regular y permanente, no pueden vender ni enajenar ningún bien sin la aprobación del regulador. Esto limita la libertad de acción para atender, desde el punto de vista financiero, situaciones relacionadas con la solvencia de las empresas o para darle respuesta a los asegurados. Por ejemplo: en nuestras reservas tenemos inmuebles que no podemos vender sin la aprobación del superintendente y pasamos a depender de la velocidad con la que él decida. ¿Y si tenemos un problema de liquidez? ¿O si se requiere para atender un tema de estabilidad? ¿Puede el superintendente decirte qué hacer con tus activos?

También tiene que autorizar cualquier venta de vehículos o bienes producto de recuperaciones o salvamentos. Otro ejemplo: una fábrica textil asegurada se quemó o se inundó y la compañía de seguros indemniza, pero si quedan algunos bienes que puedan ser vendidos. Ahora tenemos que esperar a que el superintendente nos diga qué hacer. ¿Vamos a montar galpones de bienes, de materiales?

Además el regulador determinará a quién se asegura y a quién se indemniza, con lo que se ata la actividad de las empresas a la discrecionalidad y capacidad de respuesta del regulador. Es imposible que se pueda tener toda la información para comprender los variados aspectos que tienen todas las empresas y sus estructuras técnicas, las cuales repercuten en los tipos de productos y servicios que se ofrecen a los asegurados.

El Artículo 94, en su numeral 6, dice que el superintendente podrá aplicar sanciones por cualquier causa que desde su punto de vista ponga en peligro la estabilidad del asegurado. ¿Mucha discrecionalidad?

Efectivamente. Allí se dice que el regulador puede aplicar sanciones por cualquier razón que considere valida, lo cual viola el numeral 6 del Artículo 49 de la Constitución.

Un aspecto importante es el de las reservas técnicas, que básicamente son los recursos que las aseguradoras deben constituir y mantener para atender compromisos con los asegurados y proveedores. ¿No afecta que obligatoriamente la mitad de ellas ahora tengan que estar depositadas en la banca que paga tasas de interés muy por debajo de una inflación que en 2015 se ubicó en 180,9%?

La norma anterior obligaba a no colocar más de 30% de las reservas en bancos e instituciones financieras domiciliadas en el país. Ahora es no menos de 50% en depósitos a la vista y a plazo en momentos que, como dices, son de alta inflación. Esto pone en franco impacto la solvencia del sector. Lo deseable es que se nos hubiese permitido aumentar la porción de las reservas que se coloca en predios urbanos, inmuebles, que es lo que más protege de la inflación.

Otro tema clave es el de los tributos parafiscales que registran un aumento importante en la nueva ley. ¿Exactamente cuáles son estas contribuciones que debe hacer el sector?

Es necesario comprender que cuando hablamos de este tema nos referimos al dinero de los asegurados. Ahora tenemos que realizar un aporte de 1% de las primas de las pólizas de salud para el Fondo del Sistema Público Nacional de Salud, que se añade al que ya existía de entre 1% y 3% para el desarrollo social. Además, se establece un aporte para la investigación y desarrollo de la actividad aseguradora que puede alcanzar hasta 5% de la utilidad del ejercicio. Y a esto se suma la contribución especial para la Superintendencia de la Actividad Aseguradora que estará entre 1,5% y 2,5% de las primas cobradas. Por este concepto en 2015 desembolsamos 7 mil millones de bolívares. Además se contempla un aporte al Fondo de Reserva para Riesgos Catastróficos, que consiste en 10% del resultado técnico obtenido en los ramos que cubren riesgos catastróficos. A ello hay que añadir los 18 impuestos adicionales que pechan a la actividad aseguradora, previstos en la Ley de Impuesto Sobre la Renta, Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológica, Ley de los Cuerpos de Bomberos, Ley Orgánica de Drogas, entre otras.

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¿El sector también se verá impactado por el incremento en el monto de las multas?

Otro aspecto relevante. Todas las sanciones aumentan considerablemente, en un promedio de 500%. En la ley derogada las multas oscilaban entre mil y 14 mil unidades tributarias, ahora pueden alcanzar hasta las 84 mil unidades tributarias. Aparte de esto hay que considerar que existe una desproporcionalidad en los castigos. Por ejemplo, la no comparecencia a un acto conciliatorio puede ser castigada con una multa que oscila entre mil y 12 mil unidades tributarias.

Al mismo tiempo se exige un incremento relevante del capital.

En este punto pensamos que lo que debe verse con más detalle es el tema de la solvencia, la capacidad, la fortaleza para atender al asegurado ante un siniestro. El capital mínimo aumenta en promedio 1.000% y deben ser ajustados en corto plazo. Las disposiciones transitorias indican que hay 60 días para presentar un plan de ajuste que debe ejecutarse en un lapso máximo de 6 meses. Y a esto se añade que la garantía a la Nación aumentó desde 21 mil unidades tributarias hasta 252 mil unidades. Creemos que esto debería revisarse. En la práctica es un dinero que queda inmovilizado en el Banco Central de Venezuela para ser utilizado en caso de que haya una liquidación.

¿Cuál es el impacto en el tema del reaseguro? Es decir, las compañías a las que las empresas de seguro les ceden parte de sus riesgos y que son vitales para cubrir eventos catastróficos.

Hay un retraso en el pago a los reaseguradores porque no nos han otorgado las divisas para cancelar. No es mucho comparado con otros sectores, pero el impacto del reaseguro en nuestra actividad es enorme porque los riesgos catastróficos implican magnitudes muy altas. También tenemos que evaluar que, con este cambio de regulación, los reaseguradores pueden modificar las condiciones de contratación o abstenerse de realizar contratos con empresas venezolanas y que el país pierda el importante respaldo del reaseguro. Es un aspecto que nos tiene muy preocupados.

Algo que ha inquietado al sector es que se eliminó la Ley del Contrato de Seguros que normaba la relación entre el asegurado y las aseguradoras. Ya no será una ley sino que en seis meses la Superintendencia dictará las normas para los contratos. ¿Qué opina?

Esto deja un vacío legal y se viola lo que se conoce como la reserva legal. En consecuencia, ahora la definición de esta relación contractual no va a estar en una ley sino en normas de rango sublegales.

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Pólizas de seguros: nada seguro

Copiamos y pegamos este trabajo de la prensa vía Web, para reproducir las percepciones que se tienen en el mercado de seguro por la indudable explosión de la crisis en el ramo del que vivimos…

 

Pólizas de seguros: nada seguro

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26/11/2015

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COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: MERCEDES ROJAS PÁEZ-PUMAR

El mercado cambiante venezolano parece regir las posibilidades de protección de sus habitantes y las empresas que las ofrecen. Sin una legislatura cooperante, la oferta y la demanda de seguros están atadas a cuántos bolívares se tengan reunidos, a la vez que la vida, en comparación con los automóviles, parece estar infravalorada

No es coincidencia que se presencien caras de asombro y preocupación en las aseguradoras de la capital cuando los asesores de las compañías presentan los montos de las cotizaciones de este año. Quienes andan en cuatro ruedas parecen tener cuatro opciones para proteger su patrimonio andante: asegurarlo con una póliza amplia que cubra daños, robos y pérdidas totales; asegurarlo con una póliza de pérdida total; asegurarlo con el Seguro de Responsabilidad Civil —documento indispensable para circular tal como indica la ley— o, simplemente, no asegurarlo.

Mientras la inflación juega al escondite entre los documentos publicados del Banco Central de Venezuela, el monto por el que un vehículo está protegido se dispara hasta el punto de hacerse impagable para muchos. Y dado el aumento generalizado de más de 200% de las primas, el venezolano se lo piensa dos veces si vale la pena asegurar contra todo riesgo. Cuando la nueva cotización de su Chevrolet marca Spark rondaba los 3 millones y medio de bolívares, Carla Rodríguez, estudiante de comunicación social, no lo pensó dos veces. “Mis papás no van a pagar una prima tan alta por un carrito como el mío. Preferimos solo pagar el seguro de Responsabilidad Civil que lo tienes que tener a juro y listo. Nosotros resolveremos cuando llegue a pasar algo”, comenta la joven. Con una prima anual que casi alcanza los 700 mil bolívares, los padres de Rodríguez necesitarían casi 73 sueldos mínimos para pagarla, por lo que la dueña optó por manejarlo cada vez menos, con la esperanza de tenerlo resguardado de cualquier siniestro en su estacionamiento.

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Roxana Castillo, ama de casa, siempre fue precavida, tenía su Renault marca Symbol del 2008 asegurado desde que lo compró “no vaya a ser”, seguridad por la que pagaba una prima financiada de diez mil bolívares mensuales, aproximadamente. Con los nuevos precios del mercado y los ajustes de Estar Seguros —su compañía—, ahora debía pagar cerca de 35 mil bolívares mensuales. Siempre tenía que ponerle una ñapa al sueldo mínimo para costear aquella prevención, “que en estos días parece un lujo, pero se podía pagar. Yo no puedo trabajar para pagar nada más el seguro del carro. ¿Cómo comes? Pareciera que uno vive para que no te dañen el carro”, explica Castillo. Andar a pie es su nueva opción. “Ese era el único de la casa. Lo tuvimos que vender”.

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“Esto no se veía el año pasado. Casi la mitad de mis clientes prefieren pagar Responsabilidad Civil solamente”, ratifica la corredora Sonia Molina, quien está tan impactada con los altos costos de los precios asegurados como con “los malos servicios de las aseguradoras, donde muchas veces ni quieren pagar los siniestros”. Su colega Alejandro Ibarra explica que a principios de año no estuvo “tan crítico como ahorita” cuando de altos precios se trata. “Los seguros han aumentado desproporcionalmente al bolsillo de las personas. Actualmente, las compañías han crecido en cuanto a bolívares, pero no clientes. Están mermando los asegurados”, explica Ibarra.

Hay quienes optan seguir en el negocio y emplear sus ahorros en seguridad a pesar de las circunstancias. Alexandra Márquez piensa que su Ford Fiesta de 2011 y su dinero están mejor invertidos en una póliza, sin importar que su prima sobrepase los 600 mil bolívares. “Es preferible tener ese dinero asegurado en un carro a tenerlo en el banco y que día a día se vaya el valor. Por lo menos mi patrimonio no pierde valor real”, explica Márquez. En la Venezuela regida por los cambiantes precios del dólar paralelo, sus habitantes se debaten entre resguardan sus churupos con cara de Simón Bolívar o resguardar sus medios de transporte prácticamente inexistentes en los concesionarios criollos.

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A medida que los actuales y potenciales clientes se mantienen en su disyuntiva, la fluctuación ascendiente del mercado ha llevado a las aseguradoras a enfrentar a una baja en su rentabilidad anual y pérdidas con cada póliza aprobada, con el agregado de las regulaciones en los precios. “Hace como cuatro años, la suma asegurada de un carro pequeño era de 400 mil y un repuesto te salía en 15, 20 mil bolívares. No llegabas a la suma asegurada jamás y no se tenía que declarar como pérdida total, que es cuandolos daños son superiores a 75% de ese monto. Era muy difícil. Ahora, tenemos que aumentar el precio de los montos asegurados para que eso no pase”, explica Randy Izquierdo, asesor de Estar Seguros. Las tasas de las pólizas se mantienen igual, pues las empresas no pueden cambiarlas si la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sundeaseg) como ente regulador no las aprueba, la aparente piedra en el camino de las aseguradoras actuales. “Ahorita todas las compañías están perdiendo por las regulaciones”, dice Izquierdo.

La Cámara de Aseguradores de Venezuela (CAV) emitió un comunicado el pasado 15 de septiembre en el que se propuso medidas acordes a “las circunstancias económicas que en la actualidad afectan al ramo de vehículos”. Medidas que podrían repercutir en clientes y ofertantes, aseguradoras y dueños de automóviles, necesarios el uno del otro. En el panorama se presentó la posibilidad de admitir pólizas de automóviles con una vigencia menor a un año, de modo que la responsabilidad de asumir los riesgos entre las partes, y se aumentarían los deducibles para bajar los costos de la póliza a los clientes.

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Sin embargo, toda posibilidad de que las compañías pudiesen estar un paso antes de la inflación se coartó cuando la Sundeaseg recordó a sus empresas asociadas mediante un comunicado que “se prohíbe la comercialización de los productos cuya vigencia del contrato de seguros sea inferior a un (1) año”. En su cuenta de Twitter, Sundeaseg añadió: “La #Sundeaseg no ha aprobado el fraccionamiento de las primas de vehículos a ninguna empresa de seguros/cooperativa. #HazLaDenuncia”.

Amortizar la vida

El segundo país con más homicidios en el mundo según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) ofrece seguros con primas accesibles, como si la vida valiese menos que una camioneta último modelo. Rodríguez recién optó por una póliza de salud en Seguros Caracas al ver el costo de la prima anual a cancelar, cuando una suma asegurada de 1 millón de bolívares puede cubrirse 6.720 bolívares, un poco más de dos tercios de sueldo mínimo. “Me parece baratísimo en comparación con el seguro de mi carro. Qué horror, es como si la vida no valiese nada”, remata.

El panorama aparentemente favorable de los asegurados no se refleja en la situación actual de las aseguradoras: “La ley del Gobierno nos regularizó los montos que podemos cobrar por las pólizas, pero la clínica me cobra a mí el triple de quien está asegurando el servicio. ¿Cómo le pago yo a la clínica si lo que me pagan a mí no es suficiente para pagarme a mí? Nosotros hacemos un convenio y establecemos cuánto pagaremos por consultas, operaciones, pero los costos que tienen las clínicas me los han cambiado tres veces en lo que va de año, sin yo poder cambiar la prima”, dice Izquierdo. El asegurador, como el resto de las compañías, aún no ven que la situación toque fondo, ni que ellos o sus clientes salgan beneficiados en los balances anuales: “No sé hasta dónde llegaremos. Si seguimos así, nos tocará vender empanadas allá abajo en La Guaira”, remata.

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Crisis: Esta pasando

Algunos comentarios de cómo esta operando el mercado de seguros ante las difíciles circunstancias que han implosionado en nuestra economía en este año 2015:

  1. Discrepancia entre organismos como la cámara de aseguradoras y canatame (Cámara nacional de talleres mecánicos) sobre la manera en la que se indemnizan siniestros, mecanismos, baremos y vigencia de pólizas
  2. Reducción significativa de plazos en financiamientos y fraccionamientos. En casos extremos incluso eliminación de estos y aumento de tasas de interés.
  3. Menoscabo en aumento de coberturas en el sector salud. Siguen incrementándose primas y deducibles.
  4. En sector automóvil, recibos de revalorizaciones que representan ingresos para aseguradoras y beneficios para la indemnización por pérdida total de los asegurados.
  5. Empeoramiento en las relaciones entre clínicas y aseguradoras estas últimas, con medidas como la suspensión de clínicas concertadas para dejar solo el concepto de afiliadas.
  6. A raíz del punto anterior, empeora la indemnización satisfactoria de los asegurados que deben tener un “fondo” para compensar gastos no reconocidos por las aseguradoras (Además de pagar una prima costosa lo cual es contraproducente)
  7. Talleres se desligan de aseguradoras. Los que mantienen relación exigen dinero adicional a asegurados para poder realizar trabajos de reposición de siniestros dado que están insatisfechos con baremos.
  8. Talleres de latoneria anticipan cierre de operaciones y ya no tienen muchos de ellos, cupos sino hasta el año entrante (Y no será Enero)
  9. Aseguradoras no flexibilizan reconsideraciones de siniestros especialmente en el ramo salud.
  10. Se exacerba la suscripción de riesgos en el área de salud. Algunas aseguradoras intentan abrirse paso con productos con prima en divisa foránea para garantizar un servicio de primer nivel.

¿Que hay que hacer?

Eso va en otro post muy pronto.

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